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Corrupción

La Infanta Cristina, hija del Rey de España y jefe del Estado, y su marido, imputados. El Rey heredó hace 20 años una cuenta en Suiza de su padre, con unos 2 millones de euros que nadie sabe si era legal o no, si se regularizó, etc...

La Infanta Cristina, hija del Rey de España y jefe del Estado, y su marido, imputados. 

El Rey heredó hace 20 años una cuenta en Suiza de su padre, con unos 2 millones de euros que nadie sabe si era legal o no, si se regularizó, etc. Varios días después la Casa Real sigue “obteniendo datos”.

Corinna, ciudadana alemana con una empresa de gestión, no ha explicado sus “delicados” trabajos para España, ni cuánto ha cobrado, ni de quién. Nadie del Gobierno, actual o anterior, ha explicado en qué asuntos participó o quien le pagó, y lo que han dicho respecto a que no tenía escoltas, tanto ministros como el director del CNI son flagrantes mentiras que todos los miembros del CNI y miles de policías y guardias civiles, y periodistas, y empresarios…conocemos.

La moral de este país es la de la mentira y la simulación, el “qué hay de lo mío” es la bandera que ha sustituido a la decencia, la honradez, el trabajo por el interés común.

Que siendo presidente de la Junta de Andalucía se dieran millones de euros de subvención a la empresa de la que era apoderada su hija y Chaves diga que nada tiene que ver una cosa con la otra es lo normal.

Que se den subvenciones a la empresa de la hija de Viera cuando era Consejero y diga que no se había enterado de en qué empresa trabajaba su hija es también normal. No se les cae la cara de vergüenza y tratan a los ciudadanos como si tuviésemos el coeficiente mental de una ameba y memoria de pez.

Que esté imputado Matas, o que Camps no sepa quién le pagaba los trajes, o Aznar las clases de golf, o que el hermano del secretario general del PCE o la hija de un eurodiputado sean nombrados cargos de libre designación en la Junta de Andalucía tras el pacto de Gobierno de IU y PSOE es normal en este país.

La clase política privilegiada de este país ha estado viviendo desde la llegada de la democracia en la impunidad más absoluta. Lo mismo cobraban 5.000 euros en dieta por dos horas de reunión, que daban clases de golf por 12.000 euros, que se es presidente de la Generalitat y cinco hijos se hacen multimillonarios sin que hayan heredado ni nadie sepa cómo ha ocurrido.

Lo mismo cesan a dos comisarios los responsables políticos de Interior por una investigación sobre una vivienda valorada en un millón de euros, que el número dos de otro partido y ex ministro resulta que tienen bienes muy superiores a los que su sueldo declarado le permitirá conseguir.

Este país necesita una catarsis, un “reseteo”, demoler las estructuras ordenadamente y empezar de nuevo. Una nueva transición pero no de la dictadura as la democracia sino de la corrupción institucional y generalizada a la decencia, la moral y los buenos principios.

Y habría que empezar por una transparencia total desde la Casa Real hasta los ciudadanos, pasando por todas las instituciones, partidos políticos, sindicatos, autonomías, ayuntamientos, empresas, diputaciones, fundaciones, ONGs, federaciones deportivas hasta conocer la declaración de la renta de todos los millones que habitamos el Estado. Hay países democráticos donde ya se hace. Y acabar con las escoltas, los coches oficiales, las tarjetas, prebendas, enchufismo y demás miserias, y adoptar una medida radical como la de invertir la carga de la prueba. Y establecer un sistema de inspección que afectara a todos los ciudadanos. Empezando por el más rico, Amancio Ortega, siguiendo por los Botín, Borbón, Pujol y así hasta el último ciudadano. Y quien no pueda explicar cómo consiguió su fortuna, incautación de la misma y a las arcas del Estado.

Y por supuesto, en los sindicatos policiales inspección de sus cuentas y de las de sus liberados y retirada de las subvenciones oficiales. Hasta donde conocemos, de 4 sindicatos representativos tres no pasarían la inspección por distintas razones, irregularidades y deficiencias.

Y nada más. Ha sido una reflexión tras conocer la imputación de la Infanta.

Madrid, 3 de abril de 2013

José Manuel Sánchez Fornet

Policía. Secretario general del SUP.

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